La Constitución Nacional rige la vida social y política del Estado Venezolano, es por ello, que no puede ser letra muerta, posee vigencia y eficacia dentro del orden jurídico que regula, naciendo la justicia constitucional, que busca mantener el orden fundamental, por medio de un conjunto de mecanismo o técnicas que delimitan la competencia y garantizan su cumplimiento.

      La roche lo define como:

 “Conjunto de mecanismos, de técnicas utilizadas para mantener el orden fundamental, cuando este es violado por disposiciones que le son repugnantes, o por actos que lo contradigan. Es a través de la JUSTICIA CONSTITUCIONAL, como plasma la decisión imparcial y objetiva del órgano competente. Así resplandece el derecho, se delimita la competencia y se garantiza el cumplimiento de la Constitución, la cual prevalece sobre la norma ordinaria” (La Roche, 1987:248).

     En Venezuela, la justicia constitucional se concreta por medio de los órganos de control, que ejercen un control tanto concentrado como difuso, por el Tribunal Supremo de Justicia y los tribunales ordinarios.

     El control difuso y concentrado de la constitución es la forma de control constitucional según el número de órganos que lo ejercen. En el sistema de control concentrado un solo órgano es el competente para examinar una ley o acto, y determinar su conformidad con lo establecido en la ley fundamental, en Venezuela es llevado a cabo por la sala constitucional del Tribunal Supremo de Justicia; por otro lado, en el control difuso están implicados múltiples órganos de control que se manifiestan de diferentes formas, en primer lugar otorgando exclusivamente a los órganos jurisdiccionales la facultad de estudiar la constitucionalidad de una ley o acto, y, en segundo lugar, otorgándole dicha facultad a demás autoridades administrativas.

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